¡Ojo con las estafas telefónicas!

Soy usuario, como tantos muchos, de Telefónica. El otro día, revisando y comprobando mi facturación más reciente observé, perplejo, que en un concreto día de mayo alguien realizó desde mi número de teléfono nueve llamadas consecutivas, con un lapsus de tiempo entre unas y otras de unos 15 o 20 segundos, a un 905… Después de hacer las pesquisas correspondientes para averiguar quién podía haberlas hecho, constaté que, desde mi domicilio y terminal, nadie podía haberlas efectuado. Lo peor del asunto es que tras una comprobación on-line de mi consumo actual de llamadas, me doy cuenta, con el consiguiente cabreo, que se realizaron durante otros tres días, éstos ya de junio, otras series de llamadas a varios 905… que en nunca han siso efectuadas desde mi vivienda (el horario, la frecuencia y la cantidad de llamadas, me dan certera constancia de dicho extremo). La broma, que no tiene guasa alguna, me ha costado, por el momento, si los “fantasmas” se largan de mi humilde morada y la compañía Telefónica no quiere restituirme lo pagado, que dudo que lo haga por la indefensión en que nos encontramos frente a ella, unos cuantos, y no son pocos, eurillos.

Con lo expuesto, solo pretendo denunciar públicamente una “reprensible” y repetitiva práctica delictiva que tiene por objeto la estafa masiva de usuarios de telefonía, que lo somos todos, realizada por unos indeseables que gustan del dinero ajeno y practican, con encomiable perfección, el arte del “virla-virlongo”.

Y lo más sorprendente, es la permisividad e indolencia para atajar el problema por parte de nuestras operadoras de turno, “ajenas” claro está a tal práctica desaprensiva, pues mientras las quejas no llegan, o éstas tardan en llegar, van ingresando unos dinerillos que siempre son de agradecer en sus abundantes cuentas de resultados…

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20090714/53745296421.html

La Fiscalía Anticorrupción pide al TSJV que se tome declaración a Camps y Costa

En el segundo informe de la Fiscalía Anticorrupción referido a la parte valenciana de la investigación, el fiscal considera que debe investigar los hechos atribuidos a los aforados Francisco Camps y Ricardo Costa, consistentes en la recepción de dádivas de alguno de los imputados en el caso Gürtel, a quienes solicita que se debe tomar declaración.

Dice además Anticorrupción que los hechos inicialmente atribuidos a ambos -que consisten en la recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados en la presente causa-, “no aparecen relacionados con una actividad concreta de las mercantiles vinculadas a Correa en el estado actual de la causa”.

Sobre Camps, el informe concreta que la documentación intervenida parece reflejar la recepción de distintas prendas de vestir de las tiendas Milano y Forever Young abonadas por el entorno de Correa. El valor de las prendas atribuidas al presidente valenciano de Milano ascendería a 4.700 euros y las de Forever Young a 8.073,5 euros.

Causas escindibles

Sobre este asunto, y sobre las prendas de vestir que presumiblemente recibió Costa, subraya la Fiscalía que “existe abundante documentación aún sin examinar, intervenida tanto en las sedes de Madrid como en la de Valencia, de las empresas del denominado grupo ‘fcs’ (Francisco Correa).

Según recordó el el TSJM en el auto en el que asumió la competencia del caso, el criterio del propio Tribunal Supremo (expresado en la sentencia dictada en 1996 contra la Mesa Nacional de HB) señala que cuando en una misma causa aparezcan como responsables personas aforadas de dos comunidades diferentes “corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa”. Este ejemplo sería aplicable al ‘caso Gürtel’.

A este respecto, Anticorrupción señala que los hechos atribuidos a Camps y Costa son escindibles de la causa principal y que, en el estado actual del procedimiento, aún no puede decirse que existan aforados de la Comunidad Valenciana que hagan aplicable a día de hoy dicho criterio para respaldar que la causa pase al Supremo.

http://www.publico.es/espana/218746/camps

Ángeles González-Sinde, una ministra contra Internet

Pocas veces un nombramiento para satisfacer a unos pocos ha levantado a tantos y tan rápido: efecto red. Ángeles González-Sinde, ex presidenta de la Academia del Cine y de los guionistas, llegó al Ministerio de Cultura para proteger el cine y ya es la ministra anti Internet. Crece la protesta por su condena de las descargas y se pide su recusación por conflicto de interés con sus anteriores cargos mientras proclama que quiere “ordenar Internet”. Tiemblan los defensores de la Declaración de Independencia del Ciberespacio.

Su defensa de cierta propiedad intelectual presagia que seguirá la división entre los ministerios de Industria y Cultura de la primera legislatura de Zapatero, cuando se aprobó el canon digital y la Ley de la Sociedad de la Información.

González-Sinde vende talante y nombra al conciliador bloguero y eurodiputado Ignasi Guardans como responsable del cine tras sus acusaciones sobre un ADSL de gigas que no existe en España y sin reconocer la legalidad de las descargas sin ánimo de lucro, como han hecho los jueces. Se duda de la legalidad de una ministra ex presidenta de un lobby y de la competencia de quien parece desconocer la ley y las alternativas de su industria mientras intenta blindar un negocio obsoleto en la era de la convergencia.

El problema no es escuchar a los internautas, sino querer limitar por ley el impacto de Internet en el negocio de la creación. Considerar cultura cualquier cine y no aceptar las reglas de un mercado ya construido con dinero público. Mantener al cine financiado por el resto del audiovisual con dinero, producción y distribución de las televisiones, que no han parado de crecer. Y no entender que los millones de dinero público para el cine deberían revertir más en los ciudadanos y no sólo en un sector que pierde espectadores: 76,3 millones de euros en 2008 para unos 14 millones de espectadores, igual que hace diez años.

Las subvenciones producen películas, pero no crean público. El cine español lucha por una escasa cuota de pantalla en las salas y la TV, pero no aprovecha la facilidad de acceso y distribución de Internet para construir un nuevo negocio donde están los fans, que ven películas extranjeras, las que más se descargan y se comercializan en la web (una proporción de cien a una).

¿Es este orden el que el Gobierno desea para la sociedad de la información? Mientras, el dividendo digital es botín de las televisiones pese a las demandas europeas para dedicar a nuevos servicios digitales el ancho de banda sobrante del apagón analógico. El audiovisual sigue ahogando Internet y guiando la política de Zapatero.

http://blogs.publico.es/ciencias/670/una-ministra-contra-internet/

La Cara Oculta de Esperanza Aguirre

Su control de casi todos los resortes del poder económico y local en Madrid es personal. No delega. Nombra y reparte cargos a cualquier nivel. Bajo el régimen de Esperanza Aguirre nadie se fia de nadie.

Su control de casi todos los resortes del poder económico y local en Madrid es personal. No delega. Nombra y reparte cargos a cualquier nivel. Bajo el régimen de Esperanza Aguirre nadie se fia de nadie.

E l primer logro de Esperanza Aguirre en Madrid fue promover la plantación de un millón de árboles en la capital durante su etapa como concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento. Así lo hacen constar las biografías oficiales. Durante su primera campaña como candidata a la presidencia de la Comunidad, una persona de su entorno la recomendó que no abusara en público de ese resultado.

• La recomendaron vestir de Zara para aliviar su imagen de marquesa consorte y la pasearon por los pueblos

• “Maltrata a los que percibe como débiles. Es de las que tutean a quienes sabe que no la pueden tutear”

• Con Aguirre en el Gobierno, Telemadrid supera el listón: censura y parcialidad son vicios generales

• El poder que emana de Aguirre y González explica que germine el juego sucio en defensa de intereses particulares

• Anunció que si los jueces daban la razón a los médicos del Severo Ochoa serían readmitidos. Tras el fallo judicial no hizo nada

• “La ideología liberal de Aguirre es pura fachada. Su comportamiento está más cerca de Hugo Chávez que de Merkel”

-No vaya a ser que alguien se ponga a contarlos.

La maquinaria del Partido Popular en Madrid preparó con profesionalidad la campaña de una candidata como Esperanza Aguirre a las elecciones autonómicas de 2003 para dar satisfacción a una apuesta personal del presidente Aznar, que quiso jugar al ajedrez con el destino. Un recién llegado Zapatero había colocado a Trinidad Jiménez como cartel electoral del PSOE al Ayuntamiento. Zapatero quería la capital y Aznar movió ficha: defendería la plaza con un peso pesado como Gallardón y dejaría la Comunidad para Aguirre.

No había mucho tiempo para cambiar la imagen de una candidata cuya gestión al frente del Ministerio de Educación y Cultura era mejor recordada por sus meteduras de pata y su desparpajo ante las cámaras del programa Caiga quien caiga que le dedicaba semanalmente un espacio estelar. Esa popularidad televisiva era un punto a favor. Por lo demás, Aguirre no tenía ningún peso político en el partido en Madrid. No conocía la realidad de Madrid. Tampoco tenía equipo, salvo un cuarteto de asesores externos con los que se reunía periódicamente en la sede que por entonces tenía la Fundación FAES en la calle de Velázquez. En ese cuarteto figuraban dos periodistas: Miguel Ángel Rodríguez, primer portavoz del Gobierno Aznar, y Manuel Soriano, quien fuera su jefe de prensa en el ministerio. De la importancia de estos asesores se supo tiempo después.

La maquinaria del partido diseñó una estrategia sencilla. La recomendaron vestirse al estilo Zara para aliviar su imagen de marquesa consorte y la pasearon por los pueblos de Madrid, a la sombra de Ruiz-Gallardón. Su capacidad para conectar con el ciudadano medio era evidente pero, al mismo tiempo, su desenfado era temerario: no parecía afectarle demasiado dejar al desnudo su ignorancia ante alcaldes y técnicos. En una primera reunión con los consejeros de la Comunidad de Madrid para empaparse de la realidad de la región, Esperanza Aguirre dejó impresionados a los presentes. Lejos de adoptar una actitud humilde, terminó tachándoles de socialdemócratas. Y luego estaban algunos otros detalles menos conocidos de su personalidad: durante el desplazamiento a un acto electoral era capaz de pasarse el viaje discutiendo con el chófer sobre la ruta a seguir antes que aprovechar el tiempo para repasar el discurso. Aguirre era un personaje caótico y temerario. No ocultaba la irritación que le producía tener que cerrar los actos después de su compañero de partido, de quien envidiaba que su campaña disfrutara de mayor presupuesto. Su entorno comenzó a vivir emociones fuertes. Ante la posibilidad de una derrota electoral vistas las encuestas y que su imagen no acababa de despuntar, soltó una frase lapidaria que sorprendió a quienes la escucharon: “Si pierdo, será culpa de Aznar”.

Esperanza Aguirre era por entonces un personaje secundario en el partido. Cinco años después, nadie puede afirmar lo mismo.

Un lustro después, Aguirre ha tomado al asalto buena parte de las instituciones del poder local madrileño. Y domina el partido en Madrid. Cinco años después, Aguirre es reconocida como seria candidata a la presidencia nacional del PP si Rajoy termina por sufrir un nuevo fracaso. Quiere ser presidenta del Gobierno. No oculta sus intenciones. Una poderosa maquinaria propagandística está de su parte y en ello tienen mucha responsabilidad aquellos asesores externos de la calle de Velázquez. Aguirre ocupa mucho espacio. Hace oposición a su propio partido y al Gobierno central. Es tan incómoda para Rajoy como pueda serlo para Zapatero. En una biografía autorizada escrita en 2006 por la periodista Virginia Drake, titulada sin inocencia Esperanza Aguirre. La presidenta, recibe calificativos como “leal”, “brutalmente sincera”, “austera”, “decidida”, “mandona” e “hiperactiva”. El libro resalta un lema que guía su conducta: “Delega todo, menos la supervisión”. El libro podría haberse enriquecido con otros calificativos que se desprenden de los comentarios de personajes que colaboran o han colaborado con ella en los últimos tiempos. Populista. Temeraria. Obcecada. Trabajadora. Ambiciosa. Caótica. Implacable. Astuta. Intolerante. Déspota. Sobre su capacidad para delegar decisiones existe un criterio unánime: ninguno de sus consejeros tiene autonomía de decisión. Aguirre controla con mano de hierro los aspectos fundamentales de la gestión. Y a veces, incluso, los accesorios.

“Es capaz de discutir con los arquitectos o los ingenieros aspectos técnicos de una obra aun siendo consciente de su ignorancia en la materia. Puede obligar a ubicar la instalación de una estación de metro donde se le ocurre, dando la impresión de que la opinión que ha escuchado a un vecino pueda tener el mismo peso que el dictamen de un experto. Puede hacer la pregunta más peregrina sobre el mobiliario de un edificio en construcción. O puede obligar a pintar de nuevo la fachada de un hospital porque no le gusta el color”, recuerda un ex consejero.

Otro colaborador no reprime su opinión: “Maltrata a los que percibe como débiles, lo cual es una condición muy propia de personas de la clase alta. Es de las que tutean a quienes sabe que no la pueden tutear”. Este aspecto menos conocido de la personalidad de Aguirre se manifiesta desde antaño. La conoce quienes han sido víctimas de su forma de ejercer la autoridad. Elena Salgado, actual ministra de Administraciones Públicas, ha tenido serios enfrentamientos con Aguirre, los más notorios durante su periodo como ministra de Sanidad como consecuencia de la resistencia de Aguirre a aplicar las normas de la ley antitabaco en la Comunidad de Madrid. Pero Elena Salgado fue durante unos meses directora de la Fundación Teatro Lírico, responsable por tanto del Teatro Real de Madrid, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura en aquel entonces, cuyo titular era Esperanza Aguirre. Elena Salgado nunca ha olvidado la llamada telefónica en la que Aguirre le comunicó su cese. El tono y el contenido de esa breve conversación dice mucho sobre ciertos rasgos de Aguirre. Quiso ser amable y al mismo tiempo implacable. Y astuta, porque dejó la huella de un culpable.

-Elena, siento decirte esto porque nuestros hijos van al mismo colegio, pero el secretario de Estado me ha dicho que no puedes seguir en el cargo ni un minuto más.

Aguirre podía parecer una candidata débil y sin apoyos políticos en la primavera del año 2003. Es más, su carrera política parecía acabada tras su fracaso electoral en Madrid frente a un candidato sin gancho como el socialista Rafael Simancas. La derrota de Aguirre significaba el primer gran éxito de Zapatero. Sin embargo, un suceso grave, extraño y nunca suficientemente investigado, modificó su destino: los diputados socialistas Tamayo y Sáez cambiaron inexplicablemente el sentido de su voto en la Asamblea de Madrid y alteraron la decisión popular. Las elecciones debieron repetirse y Aguirre conquistó la presidencia en octubre. Aquel asunto dejó un rastro maloliente procedente de las alcantarillas de la política madrileña. ¿Qué estaba pasando en Madrid? ¿Qué extraños intereses se cocinaban? Cinco años después, cuando el asunto parecía olvidado, vuelve el mal olor a la capital: los políticos se espían unos a otros, circulan informes comprometedores, florecen ex policías haciendo tareas de vigilancia y agencias de detectives pagadas por quién sabe quién. Y en el centro de ese círculo vicioso vuelve a estar Esperanza Aguirre.

Claro está que todo parecía haber cambiado en un lustro. Radicalmente. Aguirre se había convertido en un peso pesado del Partido Popular. Su tenacidad había superado la prueba. Algunos de aquellos asesores externos a quienes gente del partido no tomaron en consideración en el año 2003 revelaron su decisiva influencia tiempo después. Manuel Soriano, por ejemplo, fue nombrado director de Telemadrid. Su trabajo no pasó desapercibido tras desmontar unos servicios informativos que gozaban de cierta credibilidad.

Telemadrid superaba el listón. Censura y parcialidad son vicios generales en las cadenas autonómicas. Pero algunos sucesos demostraban que Telemadrid estaba al servicio no sólo de la presidenta, sino de una estrategia de calado político de más altos vuelos. Un ejemplo bien patente fue una tarjeta manuscrita de Manuel Soriano dirigida al jefe de gabinete de Esperanza Aguirre, Regino García-Badell Arias. Con relación a un documental sobre la investigación de los atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004 (Tres días de marzo), Soriano escribía: “Pásaselo a la presidenta”, rezaba el manuscrito, “creo que ha quedado bastante bien cinematográficamente… e ideológicamente”. Para ser un presunto reportaje de investigación, el término “ideológicamente” era bastante significativo. Tiempo después, Telemadrid fue protagonista de otro episodio: la manipulación de un reportaje para demostrar que el aeropuerto de Barajas era un coladero de inmigrantes. Unos reporteros guiados por un policía manipularon una puerta de acceso para hacer creer que se podía evitar el control policial. Los manipuladores no se percataron de que estaban siendo grabados por unas cámaras de seguridad.

Tras la televisión, Esperanza Aguirre inició una implacable conquista de todas y cada una de las instituciones de poder local y económico de la capital. En el capítulo económico, no le importó provocar algunos conflictos para hacerse con los mandos del Ifema o la Cámara de Comercio. También ha mantenido disputas con el Ayuntamiento de Madrid en Metro o el Consorcio Turístico. Y últimamente se ha lanzado al asalto de Cajamadrid, su maniobra más reciente, todavía sin consumar. En el terreno político, primero actuó en la Comunidad, donde fue barriendo a todos cuantos mostraron cierto grado de fidelidad al alcalde Gallardón. Luego, cerró el círculo con el PP en Madrid.

Aguirre no tardó mucho en mostrar otros rasgos de su personalidad tanto en labores de oposición como en la gestión de algunos casos especialmente sensibles. Uno particularmente grave fue el conocido como caso de las sedaciones en el hospital de Leganés. A primeros de marzo de 2005 llega una denuncia anónima al despacho del consejero Manuel Lamela acerca de 400 supuestas sedaciones irregulares en pacientes terminales del hospital Severo Ochoa de Leganés, con resultado de fallecimiento. Esa denuncia ponía en entredicho la honorabilidad de 11 médicos, dirigidos por Manuel Montes, responsable de las urgencias de dicho hospital, la mayoría de ellos doctores de conocida ideología política izquierdista. Una denuncia parecida había sido investigada en el año 2003, con el PP en el Gobierno de Madrid, y sobreseída tras una profunda inspección que concluyó con un elogio a la profesionalidad de Montes y su equipo. Lamela, sin embargo, decide llevar el caso adelante y hacerlo público, momento a partir del cual se monta el escándalo con Telemadrid al frente de las operaciones junto a otros medios informativos que acusan a los médicos poco menos que de asesinos. Tras el caso emerge un debate ideológico acerca de la eutanasia. A pesar de las dudas que despierta la rigurosidad de la denuncia, Esperanza Aguirre defiende la posición de Lamela y termina dirigiendo la polémica. Los médicos son apartados de sus funciones, algunos deben emigrar a otra comunidad autónoma porque se les advierte de que no encontrarán un puesto de trabajo en la sanidad madrileña. Se nombran comisiones con expertos afines y se judicializa el caso esperando una sentencia favorable. Aguirre llegó a manifestar que si los jueces daban la razón a los médicos, éstos serían readmitidos. Tras tres años de penalidades, de informes favorables, de dura batalla legal, los médicos imputados fueron exonerados de toda mala praxis. Aguirre no movió un músculo. No los readmitió. Poco pareció importar las consecuencias que tuvo aquel caso para los pacientes terminales de muchos hospitales. Demasiada gente murió en medio de un sufrimiento innecesario. Según Aguirre, aquella fue una batalla política más. Y, como suele sucederla con frecuencia, nunca aceptó la derrota.

La conquista del poder en Madrid se produjo palmo a palmo. Aguirre no se ha limitado a una política clásica de nombramientos de hombres clave en puestos clave. Ni siquiera acepta de buen grado que haya familias a su alrededor. A pesar de lo que reza su biografía oficial, no delega. Nombra. Y nombra a cualquier nivel: no permite que cada consejero se haga su propio equipo al completo. Elige desde una secretaria, hasta un director general o un secretario técnico, pasando por un viceconsejero. “Que se lo pregunten a Luis Peral (consejero de Educación), que conoció a su viceconsejero en su toma de posesión”, cuenta un ex consejero. Así que el círculo que rodea a la presidenta es al mismo tiempo muy estrecho y muy amplio. Y ahí está la clave de su poder.

Porque la toma de decisiones importantes se adopta en el círculo más estrecho. Realmente, sus colaboradores más cercanos, sus fieles, son muy pocos. Tres, según las fuentes consultadas: Regino García-Badell, su jefe de gabinete y sobrino del difunto presidente del Gobierno franquista Carlos Arias Navarro, al que un director general que le conoce con profundidad define como “un hombre desencantado de la política que proviene del anarquismo”. García-Badell es quien prepara los discursos de Aguirre y quien elabora los resúmenes de algunos asuntos importantes. Luego está Javier Fernández Lasquetty (colaborador de Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Educación y en el Senado, secretario general de FAES y actual consejero de Inmigración y Cooperación). Y naturalmente, Ignacio González, el vicepresidente, considerado como la mano derecha de Aguirre en la gestión de sus estrategias. Son los aguirristas en estado puro. El resto son recién llegados, procedentes de diferentes sectores, peones en la estrategia conquistadora de la presidenta, una suerte de ex gallardonistas (Cortés y Beteta), de hombres de Rato (Güemes), de supervivientes del entorno de Álvarez del Manzano y de amigos o compromisos de Aznar. Aguirre ha utilizado el poder para tejer una tupida red de clientelismo llevada en algunos casos al extremo.

Porque Aguirre despacha con sus tres fieles pero atiende a todo aquel que la llame. Conocida es su adicción al teléfono móvil, del que no se separa y que utiliza a cada momento, bien para enviar mensajes, bien para comentar algún detalle a cualquier hora del día por inhóspita que pueda parecer. Aguirre no descansa. Duerme cuatro horas, según su biografía autorizada. Descansa apenas un cuarto de hora después de la comida, según sus colaboradores, en un tresillo ubicado en su despacho privado, mucho más pequeño que el oficial. Allí se siente como en casa. Atiende algunas reuniones sin importar su aspecto: “Estaba descalza”, recuerda un colaborador, “envuelta en una pequeña manta y con las medias bajadas hasta los tobillos”. Aguirre escucha a mucha gente y de muy distinta procedencia y ésa es una de las claves de su poder. Lo mismo se informa a través de una secretaria, que de un director general.

La consecuencia es que ella aparenta estar en todo. Ningún consejero tiene autonomía en las grandes decisiones del gasto. Todo debe pasar por lo que se conoce como la “preparatoria”, una especie de reunión previa a la Junta de Gobierno, a imagen y semejanza de una comisión de subsecretarios. Todas las inversiones pasan por Ignacio González. Y mucha gente reporta información a Esperanza Aguirre, de tal forma que cuando llega la reunión de la junta de Gobierno, cualquier consejero puede encontrarse con sorpresas. Esperanza puede hacer cualquier pregunta inesperada. O contestar al consejero con frases como “pues tu director general no piensa lo mismo” o “tu viceconsejero opina lo contrario”. Aguirre es especialmente astuta a la hora de gestionar los enfrentamientos entre sus colaboradores.

Ese comportamiento ha propiciado que, en el Gobierno de Madrid, nadie se fíe de nadie. Nadie tenga equipo. No haya familias. ¿Qué seguridad puede tener un consejero en lo que hace si cualquier persona de su departamento informa a la presidenta? La desconfianza, el enfrentamiento, el control absoluto que emana de Aguirre y González explica que germine el juego sucio en la defensa de intereses o ambiciones particulares. Un juego sucio que nunca parece haber abandonado la política madrileña.

La crisis de los espías ha puesto de manifiesto que las vigilancias o la elaboración de dossiers comprometedores no responden a un solo caso, ni apuntan en una sola dirección, ni siquiera datan de unas fechas en concreto: el rastro de los dossiers y las declaraciones de los presuntos afectados revela una acción continuada en el tiempo, que recorre de principio al final el lustro de Aguirre en la presidencia de la Comunidad, desde cuando el vicealcalde Manuel Cobo aspiró inútilmente a dirigir el partido en Madrid hasta la destitución de dos consejeros fichados por el equipo de Rajoy (Manuel Lamela y Alfredo Prada). Un día después de la destitución de Prada, el 26 de junio de 2008, cuatro funcionarios de la Consejería de Interior registraron un despacho del campus de la Justicia, se llevaron documentos y un ordenador. Dicho despacho dependía de Alfredo Prada.

La revelación de que los consejeros utilizaban tarjetas telefónicas prepago cada 15 días es sintomática. Lo que constituye una práctica habitual de la delincuencia organizada para evitar pinchazos telefónicos de la policía es ahora imitada por políticos madrileños. Que la iniciativa parta del vicepresidente Ignacio González es también elocuente. Precisamente, el excesivo poder de González es el centro de muchas críticas internas en la Comunidad. “No sabemos cómo acabará esto”, reconoce un consejero, “pero nadie se imagina a Esperanza Aguirre sin Ignacio González. Si tiene que caer alguna cabeza, no podrá ser la suya. Esperanza no lo permitirá. Y si no, morirá matando”.

Espionaje, miedo a los pinchazos, lucha de poder. Así es el entorno de la política madrileña. Un entorno que el ex director de Abc José Antonio Zarzalejos denominó como “complicado” en una entrevista donde desvelaba las presiones que había sufrido desde la Comunidad de Madrid durante su etapa como responsable del matutino madrileño. Sobre Esperanza Aguirre, Zarzalejos hizo el siguiente comentario: “Tiene una ambición poco controlada y un entorno que me voy a limitar a calificar como complicado. No conozco a ningún personaje político con poder político y económico que tenga un comportamiento más alejado de algunas prácticas democráticas”. Sobre el liderazgo de la presidenta, un antiguo colaborador ha expresado una opinión tajante: “La ideología liberal de Esperanza Aguirre es pura fachada. Su comportamiento está más cerca de Hugo Chávez que de Ángela Merkel”.

Otros episodios dibujan cómo en Madrid abunda el juego subterráneo y cómo el famoso caso Tamayo y Sáez quizás no fue un hecho aislado. Cuando los casos de corrupción urbanística arreciaban en distintos puntos de la geografía española, sale a colación un presunto caso en Madrid que tiene como protagonista al director general de Urbanismo, Enrique Porto, posteriormente investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Tiempo después, Porto debe dejar su puesto. Sin embargo, Aguirre encuentra un nuevo frente sobre el que desviar la atención: el caso Ciempozuelos, que afecta a dos ediles socialistas, Torrejón y Tejeiro. El caso lo destapa un periódico (Abc) y deja algunos puntos oscuros acerca de la filtración de unos documentos desde un organismo oficial, el Sepblac (Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales), dependiente del Banco de España. Curiosamente, el juez que inicia las investigaciones, Agustín Carretero, juez decano de Valdemoro, abandona su puesto el 5 de julio de 2007 para servir al Gobierno de Esperanza Aguirre como alto cargo de la dirección general de Política Interior en funciones de gerente de la Academia de Policía. Dicho organismo depende de la Consejería de Interior, cuyo responsable es Francisco Granados. Por su parte, Vicente García Novoa, inspector jefe de policía en el Sepblac, sospechoso de haber ocultado documentación relacionada con el caso, es contratado como asesor por la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Ambas contrataciones, directamente relacionadas con un caso que benefició los intereses políticos de Esperanza Aguirre, nunca han sido explicados. Para remate, el ex policía García Novoa mantenía una conocida amistad con Álvaro Puerta, tesorero del PP, hombre de Rajoy, conocedor de algunos dossiers en el año 2006, y uno de los presuntos afectados por el espionaje, un extraño caso de testigo y víctima al mismo tiempo.

La investigación judicial tratará de determinar quién espiaba a quién y por qué. La contratación de ex policías y ex guardias civiles para trabajar en una consejería que no tiene competencias en materia policial es indiscutible. Estaban a las órdenes de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Que realizaban actividades de vigilancia por encargo es algo más que una sospecha. Las pruebas documentales demuestran que el vicepresidente Ignacio González fue seguido y espiado durante viajes de carácter privado al extranjero. La fusión de altos cargos espiados y altos cargos presuntos jefes de los espías es una bomba de relojería dentro del régimen de Aguirre, una persona que precisamente se vanagloriaba de disponer de información privilegiada. El ambiente en Madrid está altamente contaminado: a la desconfianza se le añade la sospecha. La suma de todo abre una grave crisis en su gobierno.

http://www.losgenoveses.net/Los%20Asuntillos/casosmadrid/casogranados/lacaraocultadeaguirre.htm

Julián Muñoz, condenado a devolver 50 millones al consistorio de Marbella

Las tropelías del gilismo siguen pasando factura a sus principales responsables. El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros dos altos cargos de la extinta sociedad municipal Contratas 2000 SL, Modesto Perodia y Esteban Guzmán, a devolver a las arcas municipales 50,8 millones de euros como “responsables directos” de un agujero contable de 34,9 millones en la sociedad más sus correspondientes intereses.

El fallo del máximo órgano fiscalizador del Estado cierra en la vía administrativa uno de los episodios de corrupción más sonados de Marbella. Sin embargo, parte de las irregularidades destapadas por el Tribunal de Cuentas seguirán vivas en los juzgados penales, ya que forman parte del sumario del llamado caso Saqueo II, que se juzgará próximamente en la Audiencia Nacional.

Entre octubre de 1996 y diciembre de 1999, la sociedad municipal Contratas 2000 SL, presidida por el entonces concejal Julián Muñoz, firmó 25 contratos con las empresas del arquitecto Carlos Monteverde para realizar 73 proyectos de obras para el Ayuntamiento de Marbella. Los proyectos, valorados en 571 millones de euros y desconocidos por el Pleno municipal, eran absolutamente inviables: se necesitaría la recaudación íntegra del consistorio durante cinco años para llevarlos a cabo, y eso sin pagar los salarios de los trabajadores o dejando a deber los servicios de agua, luz o teléfono.

De los 73 proyectos, las empresas de Monteverde sólo entregaron 42, ya que las 31 restantes se correspondían con obras ya realizadas por el Ayuntamiento y que habían sido encargadas y diseñadas por otros arquitectos. En los 42 proyectos por los que Monteverde percibió 41,8 millones de euros, hay 13 que son meros plagios de otras ciudades. Así, los planos del Auditorio y Escuela de Música son calcados a un centro similar en Las Rozas (Madrid) y los de un hospital se corresponden exactamente en estructura y emplazamiento con un centro sanitario de Santa Coloma (Barcelona). Pero hay algunos ejemplos más curiosos: el proyecto de instituto de educación secundaria tiene un pliego de condiciones técnicas de un centro penitenciario.

Los honorarios por estos proyectos supuestamente fraudulentos y nunca realizados se fueron pagando “en efectivo” hasta un total de 27,9 millones de euros. Además, los responsables de las sociedades no entregaron al Tribunal de Cuentas los contratos de nueve empresas acreedoras que reclamaban un total de 11,6 millones de euros en facturas aceptadas y reconocidas.

La sentencia, firmada el 30 de diciembre y conocida ayer, es producto de la demanda interpuesta por el consistorio marbellí en junio de 2007. En ella, el Ayuntamiento reclamaba a los ahora condenados un total de 47 millones más los intereses, sin embargo el Tribunal de Cuentas ha reducido los perjuicios ocasionados a las arcas públicas a 34,9 millones. Contra esta sentencia del Tribunal de Cuentas, Muñoz, Perodia y Guzmán pueden interponer recurso de apelación.

La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, del PP, aseguró ayer que “no cejará” hasta que el Ayuntamiento recupere los 50,7 millones de euros. La regidora anunció que los servicios jurídicos municipales están trabajando para localizar bienes embargables de los tres condenados, y recordó que la Audiencia Nacional ya ha condenado al ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca, al abogado José Luis Sierra y al asesor fiscal Manuel Jorge Castel a pagar 23 millones al municipio por el caso Saqueo I.

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Julian/Munoz/condenado/devolver/millones/consistorio/Marbella/elpepiespand/20090211elpand_7/Tes