E l primer logro de Esperanza Aguirre en Madrid fue promover la plantación de un millón de árboles en la capital durante su etapa como concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento. Así lo hacen constar las biografías oficiales. Durante su primera campaña como candidata a la presidencia de la Comunidad, una persona de su entorno la recomendó que no abusara en público de ese resultado.

-No vaya a ser que alguien se ponga a contarlos.

La maquinaria del Partido Popular en Madrid preparó con profesionalidad la campaña de una candidata como Esperanza Aguirre a las elecciones autonómicas de 2003 para dar satisfacción a una apuesta personal del presidente Aznar, que quiso jugar al ajedrez con el destino. Un recién llegado Zapatero había colocado a Trinidad Jiménez como cartel electoral del PSOE al Ayuntamiento. Zapatero quería la capital y Aznar movió ficha: defendería la plaza con un peso pesado como Gallardón y dejaría la Comunidad para Aguirre.

No había mucho tiempo para cambiar la imagen de una candidata cuya gestión al frente del Ministerio de Educación y Cultura era mejor recordada por sus meteduras de pata y su desparpajo ante las cámaras del programa Caiga quien caiga que le dedicaba semanalmente un espacio estelar. Esa popularidad televisiva era un punto a favor. Por lo demás, Aguirre no tenía ningún peso político en el partido en Madrid. No conocía la realidad de Madrid. Tampoco tenía equipo, salvo un cuarteto de asesores externos con los que se reunía periódicamente en la sede que por entonces tenía la Fundación FAES en la calle de Velázquez. En ese cuarteto figuraban dos periodistas: Miguel Ángel Rodríguez, primer portavoz del Gobierno Aznar, y Manuel Soriano, quien fuera su jefe de prensa en el ministerio. De la importancia de estos asesores se supo tiempo después.

La maquinaria del partido diseñó una estrategia sencilla. La recomendaron vestirse al estilo Zara para aliviar su imagen de marquesa consorte y la pasearon por los pueblos de Madrid, a la sombra de Ruiz-Gallardón. Su capacidad para conectar con el ciudadano medio era evidente pero, al mismo tiempo, su desenfado era temerario: no parecía afectarle demasiado dejar al desnudo su ignorancia ante alcaldes y técnicos. En una primera reunión con los consejeros de la Comunidad de Madrid para empaparse de la realidad de la región, Esperanza Aguirre dejó impresionados a los presentes. Lejos de adoptar una actitud humilde, terminó tachándoles de socialdemócratas. Y luego estaban algunos otros detalles menos conocidos de su personalidad: durante el desplazamiento a un acto electoral era capaz de pasarse el viaje discutiendo con el chófer sobre la ruta a seguir antes que aprovechar el tiempo para repasar el discurso. Aguirre era un personaje caótico y temerario. No ocultaba la irritación que le producía tener que cerrar los actos después de su compañero de partido, de quien envidiaba que su campaña disfrutara de mayor presupuesto. Su entorno comenzó a vivir emociones fuertes. Ante la posibilidad de una derrota electoral vistas las encuestas y que su imagen no acababa de despuntar, soltó una frase lapidaria que sorprendió a quienes la escucharon: “Si pierdo, será culpa de Aznar”.

Esperanza Aguirre era por entonces un personaje secundario en el partido. Cinco años después, nadie puede afirmar lo mismo.

Un lustro después, Aguirre ha tomado al asalto buena parte de las instituciones del poder local madrileño. Y domina el partido en Madrid. Cinco años después, Aguirre es reconocida como seria candidata a la presidencia nacional del PP si Rajoy termina por sufrir un nuevo fracaso. Quiere ser presidenta del Gobierno. No oculta sus intenciones. Una poderosa maquinaria propagandística está de su parte y en ello tienen mucha responsabilidad aquellos asesores externos de la calle de Velázquez. Aguirre ocupa mucho espacio. Hace oposición a su propio partido y al Gobierno central. Es tan incómoda para Rajoy como pueda serlo para Zapatero. En una biografía autorizada escrita en 2006 por la periodista Virginia Drake, titulada sin inocencia Esperanza Aguirre. La presidenta, recibe calificativos como “leal”, “brutalmente sincera”, “austera”, “decidida”, “mandona” e “hiperactiva”. El libro resalta un lema que guía su conducta: “Delega todo, menos la supervisión”. El libro podría haberse enriquecido con otros calificativos que se desprenden de los comentarios de personajes que colaboran o han colaborado con ella en los últimos tiempos. Populista. Temeraria. Obcecada. Trabajadora. Ambiciosa. Caótica. Implacable. Astuta. Intolerante. Déspota. Sobre su capacidad para delegar decisiones existe un criterio unánime: ninguno de sus consejeros tiene autonomía de decisión. Aguirre controla con mano de hierro los aspectos fundamentales de la gestión. Y a veces, incluso, los accesorios.

“Es capaz de discutir con los arquitectos o los ingenieros aspectos técnicos de una obra aun siendo consciente de su ignorancia en la materia. Puede obligar a ubicar la instalación de una estación de metro donde se le ocurre, dando la impresión de que la opinión que ha escuchado a un vecino pueda tener el mismo peso que el dictamen de un experto. Puede hacer la pregunta más peregrina sobre el mobiliario de un edificio en construcción. O puede obligar a pintar de nuevo la fachada de un hospital porque no le gusta el color”, recuerda un ex consejero.

Otro colaborador no reprime su opinión: “Maltrata a los que percibe como débiles, lo cual es una condición muy propia de personas de la clase alta. Es de las que tutean a quienes sabe que no la pueden tutear”. Este aspecto menos conocido de la personalidad de Aguirre se manifiesta desde antaño. La conoce quienes han sido víctimas de su forma de ejercer la autoridad. Elena Salgado, actual ministra de Administraciones Públicas, ha tenido serios enfrentamientos con Aguirre, los más notorios durante su periodo como ministra de Sanidad como consecuencia de la resistencia de Aguirre a aplicar las normas de la ley antitabaco en la Comunidad de Madrid. Pero Elena Salgado fue durante unos meses directora de la Fundación Teatro Lírico, responsable por tanto del Teatro Real de Madrid, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura en aquel entonces, cuyo titular era Esperanza Aguirre. Elena Salgado nunca ha olvidado la llamada telefónica en la que Aguirre le comunicó su cese. El tono y el contenido de esa breve conversación dice mucho sobre ciertos rasgos de Aguirre. Quiso ser amable y al mismo tiempo implacable. Y astuta, porque dejó la huella de un culpable.

-Elena, siento decirte esto porque nuestros hijos van al mismo colegio, pero el secretario de Estado me ha dicho que no puedes seguir en el cargo ni un minuto más.

Aguirre podía parecer una candidata débil y sin apoyos políticos en la primavera del año 2003. Es más, su carrera política parecía acabada tras su fracaso electoral en Madrid frente a un candidato sin gancho como el socialista Rafael Simancas. La derrota de Aguirre significaba el primer gran éxito de Zapatero. Sin embargo, un suceso grave, extraño y nunca suficientemente investigado, modificó su destino: los diputados socialistas Tamayo y Sáez cambiaron inexplicablemente el sentido de su voto en la Asamblea de Madrid y alteraron la decisión popular. Las elecciones debieron repetirse y Aguirre conquistó la presidencia en octubre. Aquel asunto dejó un rastro maloliente procedente de las alcantarillas de la política madrileña. ¿Qué estaba pasando en Madrid? ¿Qué extraños intereses se cocinaban? Cinco años después, cuando el asunto parecía olvidado, vuelve el mal olor a la capital: los políticos se espían unos a otros, circulan informes comprometedores, florecen ex policías haciendo tareas de vigilancia y agencias de detectives pagadas por quién sabe quién. Y en el centro de ese círculo vicioso vuelve a estar Esperanza Aguirre.

Claro está que todo parecía haber cambiado en un lustro. Radicalmente. Aguirre se había convertido en un peso pesado del Partido Popular. Su tenacidad había superado la prueba. Algunos de aquellos asesores externos a quienes gente del partido no tomaron en consideración en el año 2003 revelaron su decisiva influencia tiempo después. Manuel Soriano, por ejemplo, fue nombrado director de Telemadrid. Su trabajo no pasó desapercibido tras desmontar unos servicios informativos que gozaban de cierta credibilidad.

Telemadrid superaba el listón. Censura y parcialidad son vicios generales en las cadenas autonómicas. Pero algunos sucesos demostraban que Telemadrid estaba al servicio no sólo de la presidenta, sino de una estrategia de calado político de más altos vuelos. Un ejemplo bien patente fue una tarjeta manuscrita de Manuel Soriano dirigida al jefe de gabinete de Esperanza Aguirre, Regino García-Badell Arias. Con relación a un documental sobre la investigación de los atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004 (Tres días de marzo), Soriano escribía: “Pásaselo a la presidenta”, rezaba el manuscrito, “creo que ha quedado bastante bien cinematográficamente… e ideológicamente”. Para ser un presunto reportaje de investigación, el término “ideológicamente” era bastante significativo. Tiempo después, Telemadrid fue protagonista de otro episodio: la manipulación de un reportaje para demostrar que el aeropuerto de Barajas era un coladero de inmigrantes. Unos reporteros guiados por un policía manipularon una puerta de acceso para hacer creer que se podía evitar el control policial. Los manipuladores no se percataron de que estaban siendo grabados por unas cámaras de seguridad.

Tras la televisión, Esperanza Aguirre inició una implacable conquista de todas y cada una de las instituciones de poder local y económico de la capital. En el capítulo económico, no le importó provocar algunos conflictos para hacerse con los mandos del Ifema o la Cámara de Comercio. También ha mantenido disputas con el Ayuntamiento de Madrid en Metro o el Consorcio Turístico. Y últimamente se ha lanzado al asalto de Cajamadrid, su maniobra más reciente, todavía sin consumar. En el terreno político, primero actuó en la Comunidad, donde fue barriendo a todos cuantos mostraron cierto grado de fidelidad al alcalde Gallardón. Luego, cerró el círculo con el PP en Madrid.

Aguirre no tardó mucho en mostrar otros rasgos de su personalidad tanto en labores de oposición como en la gestión de algunos casos especialmente sensibles. Uno particularmente grave fue el conocido como caso de las sedaciones en el hospital de Leganés. A primeros de marzo de 2005 llega una denuncia anónima al despacho del consejero Manuel Lamela acerca de 400 supuestas sedaciones irregulares en pacientes terminales del hospital Severo Ochoa de Leganés, con resultado de fallecimiento. Esa denuncia ponía en entredicho la honorabilidad de 11 médicos, dirigidos por Manuel Montes, responsable de las urgencias de dicho hospital, la mayoría de ellos doctores de conocida ideología política izquierdista. Una denuncia parecida había sido investigada en el año 2003, con el PP en el Gobierno de Madrid, y sobreseída tras una profunda inspección que concluyó con un elogio a la profesionalidad de Montes y su equipo. Lamela, sin embargo, decide llevar el caso adelante y hacerlo público, momento a partir del cual se monta el escándalo con Telemadrid al frente de las operaciones junto a otros medios informativos que acusan a los médicos poco menos que de asesinos. Tras el caso emerge un debate ideológico acerca de la eutanasia. A pesar de las dudas que despierta la rigurosidad de la denuncia, Esperanza Aguirre defiende la posición de Lamela y termina dirigiendo la polémica. Los médicos son apartados de sus funciones, algunos deben emigrar a otra comunidad autónoma porque se les advierte de que no encontrarán un puesto de trabajo en la sanidad madrileña. Se nombran comisiones con expertos afines y se judicializa el caso esperando una sentencia favorable. Aguirre llegó a manifestar que si los jueces daban la razón a los médicos, éstos serían readmitidos. Tras tres años de penalidades, de informes favorables, de dura batalla legal, los médicos imputados fueron exonerados de toda mala praxis. Aguirre no movió un músculo. No los readmitió. Poco pareció importar las consecuencias que tuvo aquel caso para los pacientes terminales de muchos hospitales. Demasiada gente murió en medio de un sufrimiento innecesario. Según Aguirre, aquella fue una batalla política más. Y, como suele sucederla con frecuencia, nunca aceptó la derrota.

La conquista del poder en Madrid se produjo palmo a palmo. Aguirre no se ha limitado a una política clásica de nombramientos de hombres clave en puestos clave. Ni siquiera acepta de buen grado que haya familias a su alrededor. A pesar de lo que reza su biografía oficial, no delega. Nombra. Y nombra a cualquier nivel: no permite que cada consejero se haga su propio equipo al completo. Elige desde una secretaria, hasta un director general o un secretario técnico, pasando por un viceconsejero. “Que se lo pregunten a Luis Peral (consejero de Educación), que conoció a su viceconsejero en su toma de posesión”, cuenta un ex consejero. Así que el círculo que rodea a la presidenta es al mismo tiempo muy estrecho y muy amplio. Y ahí está la clave de su poder.

Porque la toma de decisiones importantes se adopta en el círculo más estrecho. Realmente, sus colaboradores más cercanos, sus fieles, son muy pocos. Tres, según las fuentes consultadas: Regino García-Badell, su jefe de gabinete y sobrino del difunto presidente del Gobierno franquista Carlos Arias Navarro, al que un director general que le conoce con profundidad define como “un hombre desencantado de la política que proviene del anarquismo”. García-Badell es quien prepara los discursos de Aguirre y quien elabora los resúmenes de algunos asuntos importantes. Luego está Javier Fernández Lasquetty (colaborador de Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Educación y en el Senado, secretario general de FAES y actual consejero de Inmigración y Cooperación). Y naturalmente, Ignacio González, el vicepresidente, considerado como la mano derecha de Aguirre en la gestión de sus estrategias. Son los aguirristas en estado puro. El resto son recién llegados, procedentes de diferentes sectores, peones en la estrategia conquistadora de la presidenta, una suerte de ex gallardonistas (Cortés y Beteta), de hombres de Rato (Güemes), de supervivientes del entorno de Álvarez del Manzano y de amigos o compromisos de Aznar. Aguirre ha utilizado el poder para tejer una tupida red de clientelismo llevada en algunos casos al extremo.

Porque Aguirre despacha con sus tres fieles pero atiende a todo aquel que la llame. Conocida es su adicción al teléfono móvil, del que no se separa y que utiliza a cada momento, bien para enviar mensajes, bien para comentar algún detalle a cualquier hora del día por inhóspita que pueda parecer. Aguirre no descansa. Duerme cuatro horas, según su biografía autorizada. Descansa apenas un cuarto de hora después de la comida, según sus colaboradores, en un tresillo ubicado en su despacho privado, mucho más pequeño que el oficial. Allí se siente como en casa. Atiende algunas reuniones sin importar su aspecto: “Estaba descalza”, recuerda un colaborador, “envuelta en una pequeña manta y con las medias bajadas hasta los tobillos”. Aguirre escucha a mucha gente y de muy distinta procedencia y ésa es una de las claves de su poder. Lo mismo se informa a través de una secretaria, que de un director general.

La consecuencia es que ella aparenta estar en todo. Ningún consejero tiene autonomía en las grandes decisiones del gasto. Todo debe pasar por lo que se conoce como la “preparatoria”, una especie de reunión previa a la Junta de Gobierno, a imagen y semejanza de una comisión de subsecretarios. Todas las inversiones pasan por Ignacio González. Y mucha gente reporta información a Esperanza Aguirre, de tal forma que cuando llega la reunión de la junta de Gobierno, cualquier consejero puede encontrarse con sorpresas. Esperanza puede hacer cualquier pregunta inesperada. O contestar al consejero con frases como “pues tu director general no piensa lo mismo” o “tu viceconsejero opina lo contrario”. Aguirre es especialmente astuta a la hora de gestionar los enfrentamientos entre sus colaboradores.

Ese comportamiento ha propiciado que, en el Gobierno de Madrid, nadie se fíe de nadie. Nadie tenga equipo. No haya familias. ¿Qué seguridad puede tener un consejero en lo que hace si cualquier persona de su departamento informa a la presidenta? La desconfianza, el enfrentamiento, el control absoluto que emana de Aguirre y González explica que germine el juego sucio en la defensa de intereses o ambiciones particulares. Un juego sucio que nunca parece haber abandonado la política madrileña.

La crisis de los espías ha puesto de manifiesto que las vigilancias o la elaboración de dossiers comprometedores no responden a un solo caso, ni apuntan en una sola dirección, ni siquiera datan de unas fechas en concreto: el rastro de los dossiers y las declaraciones de los presuntos afectados revela una acción continuada en el tiempo, que recorre de principio al final el lustro de Aguirre en la presidencia de la Comunidad, desde cuando el vicealcalde Manuel Cobo aspiró inútilmente a dirigir el partido en Madrid hasta la destitución de dos consejeros fichados por el equipo de Rajoy (Manuel Lamela y Alfredo Prada). Un día después de la destitución de Prada, el 26 de junio de 2008, cuatro funcionarios de la Consejería de Interior registraron un despacho del campus de la Justicia, se llevaron documentos y un ordenador. Dicho despacho dependía de Alfredo Prada.

La revelación de que los consejeros utilizaban tarjetas telefónicas prepago cada 15 días es sintomática. Lo que constituye una práctica habitual de la delincuencia organizada para evitar pinchazos telefónicos de la policía es ahora imitada por políticos madrileños. Que la iniciativa parta del vicepresidente Ignacio González es también elocuente. Precisamente, el excesivo poder de González es el centro de muchas críticas internas en la Comunidad. “No sabemos cómo acabará esto”, reconoce un consejero, “pero nadie se imagina a Esperanza Aguirre sin Ignacio González. Si tiene que caer alguna cabeza, no podrá ser la suya. Esperanza no lo permitirá. Y si no, morirá matando”.

Espionaje, miedo a los pinchazos, lucha de poder. Así es el entorno de la política madrileña. Un entorno que el ex director de Abc José Antonio Zarzalejos denominó como “complicado” en una entrevista donde desvelaba las presiones que había sufrido desde la Comunidad de Madrid durante su etapa como responsable del matutino madrileño. Sobre Esperanza Aguirre, Zarzalejos hizo el siguiente comentario: “Tiene una ambición poco controlada y un entorno que me voy a limitar a calificar como complicado. No conozco a ningún personaje político con poder político y económico que tenga un comportamiento más alejado de algunas prácticas democráticas”. Sobre el liderazgo de la presidenta, un antiguo colaborador ha expresado una opinión tajante: “La ideología liberal de Esperanza Aguirre es pura fachada. Su comportamiento está más cerca de Hugo Chávez que de Ángela Merkel”.

Otros episodios dibujan cómo en Madrid abunda el juego subterráneo y cómo el famoso caso Tamayo y Sáez quizás no fue un hecho aislado. Cuando los casos de corrupción urbanística arreciaban en distintos puntos de la geografía española, sale a colación un presunto caso en Madrid que tiene como protagonista al director general de Urbanismo, Enrique Porto, posteriormente investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Tiempo después, Porto debe dejar su puesto. Sin embargo, Aguirre encuentra un nuevo frente sobre el que desviar la atención: el caso Ciempozuelos, que afecta a dos ediles socialistas, Torrejón y Tejeiro. El caso lo destapa un periódico (Abc) y deja algunos puntos oscuros acerca de la filtración de unos documentos desde un organismo oficial, el Sepblac (Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales), dependiente del Banco de España. Curiosamente, el juez que inicia las investigaciones, Agustín Carretero, juez decano de Valdemoro, abandona su puesto el 5 de julio de 2007 para servir al Gobierno de Esperanza Aguirre como alto cargo de la dirección general de Política Interior en funciones de gerente de la Academia de Policía. Dicho organismo depende de la Consejería de Interior, cuyo responsable es Francisco Granados. Por su parte, Vicente García Novoa, inspector jefe de policía en el Sepblac, sospechoso de haber ocultado documentación relacionada con el caso, es contratado como asesor por la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Ambas contrataciones, directamente relacionadas con un caso que benefició los intereses políticos de Esperanza Aguirre, nunca han sido explicados. Para remate, el ex policía García Novoa mantenía una conocida amistad con Álvaro Puerta, tesorero del PP, hombre de Rajoy, conocedor de algunos dossiers en el año 2006, y uno de los presuntos afectados por el espionaje, un extraño caso de testigo y víctima al mismo tiempo.

La investigación judicial tratará de determinar quién espiaba a quién y por qué. La contratación de ex policías y ex guardias civiles para trabajar en una consejería que no tiene competencias en materia policial es indiscutible. Estaban a las órdenes de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Que realizaban actividades de vigilancia por encargo es algo más que una sospecha. Las pruebas documentales demuestran que el vicepresidente Ignacio González fue seguido y espiado durante viajes de carácter privado al extranjero. La fusión de altos cargos espiados y altos cargos presuntos jefes de los espías es una bomba de relojería dentro del régimen de Aguirre, una persona que precisamente se vanagloriaba de disponer de información privilegiada. El ambiente en Madrid está altamente contaminado: a la desconfianza se le añade la sospecha. La suma de todo abre una grave crisis en su gobierno.

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